Argentina derrotó a la Vinotinto “con pura camiseta”. No fue un gran juego de la selección argentina, sin embargo, fue el mejor que ha mostrado en esta Copa América. Venezuela, por su parte, mostró menos orden defensivo y dos errores fueron definitorios para que el partido terminara 0-2 y Argentina pasara a semifinales, donde se enfrentará a Brasil.
Actualizado: 24 jun 2019
Tras cinco meses de la jura frente a una multitud al este de Caracas, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, comienza a retroceder en las encuestas, aunque sigue siendo el político con mayor aceptación según Datincorp. Los venezolanos no avizoran la proximidad del cese de la usurpación prometido, indispensable para avanzar en la fórmula del gobierno de transición y elecciones libres. Estados Unidos, el principal aliado externo de Guaidó, tampoco envía señales de una intervención militar. Todo apunta a que la oposición sigue lejos del objetivo de deponer a Nicolás Maduro.
El 23 de enero pasado, contra todo pronóstico, Juan Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela. Con la fórmula del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, reagrupó a la disidencia que parecía irremediablemente fracturada. También reavivó el ánimo de la militancia opositora, frustrado luego de sucesivos fracasos en actividades de calle que solamente terminaron con muertos, heridos y presos, particularmente en 2014 y 2017. Guaidó se blindó con el respaldo de la Administración de Donald Trump, y luego fue reconocido por más de 50 países. “Vamos bien”, repetía a las multitudes que abarrotaron calles y avenidas para escuchar sus discursos.
Pero tras cinco meses, Maduro no ha sido depuesto. Sigue instalado en el Palacio de Miraflores luego de enfrentarse a cinco episodios clave: el ingreso de la ayuda humanitaria, el regreso de Guaidó al país, el alzamiento del 30 de abril, las sanciones de Estados Unidos y el secuestro del vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano (AD), a quien el régimen mantiene en aislamiento en una mazmorra de Fuerte Tiuna.
Otros diputados se han ido del país -como Richard Blanco, de la alianza que dirige María Corina Machado-, y algunos han preferido presentarse como huéspedes en embajadas, como el caso de los legisladores Américo de Grazia y Mariela Magallanes. La Asamblea Nacional, controlada en dos tercios por la oposición, se va quedando sin la presencia física de los más importantes legisladores.
Ni el alzamiento militar, ni las sanciones ni las actividades de calle -que se supone debían ser masivas por tiempo indefinido incluyendo una huelga general-, han hecho retroceder a Maduro y a la cúpula. El gobernante de facto se sostiene por la Fuerza Armada, infiltrada hasta los tuétanos por agentes de inteligencia cubanos, y apoyado también por Rusia.
La más reciente encuesta de la firma Datincorp, refiere que la popularidad de Guaidó pasó de 41% en febrero, a 33% en junio. Sin embargo, sigue siendo el político con mayor aceptación de Venezuela. La encuesta también refiere que el porcentaje de venezolanos que creen que habrá un cambio de gobierno en los próximos 30 días, ha disminuido de 53% en febrero, a 32% en junio. El 54% no cree que se produzca una intervención militar.
Todo apunta a que las negociaciones entre factores será la tónica de las próximas semanas. “La liberación de Gilber Caro es producto de negociaciones”, señaló a El Cooperante una fuente de la oposición involucrada en el tema.
Por lo pronto, la oposición sigue lejos del objetivo de desplazar a Nicolás Maduro del poder.
El uso del sistema judicial con fines políticos es una realidad que permea a la Asamblea Nacional (AN). Desde los primeros días de su nacimiento, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido la herramienta para minimizar su poder. Ahora, en 2019, los diputados se ven perseguidos no solo por conflictos administrativos sino también por la imputación delitos. Traición a la patria y asociación para delinquir son los tipos penales más usados para poner en jaque al Poder Legislativo.
El Código Penal Venezolano establece penas de hasta 30 años de cárcel por estos delitos comunes. Son 20 diputados que se enfrentan a este “castigo” si los condenan por asociación para delinquir y 18 en caso de que se les encuentre culpables de traición a la patria. Mas información
